Diario al Día, Santo Domingo- Abogados de una familia afectada por el colapso de la discoteca solicitan modificar la acusación legal contra los propietarios del establecimiento tras un incidente con numerosas víctimas.
Los representantes legales del padre de Johanna Rodríguez de Grullón presentaron una querella particular contra los propietarios del local de entretenimiento, tras el hecho ocurrido en abril de 2025 que dejó 236 fallecidos.
En el proceso judicial, dirigido contra Antonio y Maribel Espaillat, los abogados plantearon que la tipificación del caso debe cambiar de homicidio involuntario a homicidio voluntario, según su solicitud ante el tribunal.
La acusación inicial del Ministerio Público señala a los dueños del establecimiento por homicidio involuntario, mientras que la parte querellante busca una calificación más severa en función de los hechos expuestos.
Los juristas Juan Tomás Vargas De Camps, Ignacio Miranda Cubilete y Adi Manuel Tapia, actuando en nombre de Juan Carlos Rodríguez Martínez, realizaron la presentación durante una audiencia celebrada este lunes.
En sus argumentos, indicaron que “con pleno conocimiento del riesgo“, los acusados habrían autorizado intervenciones en la estructura del local sin cumplir con requisitos técnicos adecuados ni supervisión especializada.
También sostuvieron que dichas acciones provocaron el colapso del techo, lo que derivó en el fallecimiento de numerosas personas y dejó a más de un centenar de heridos.
Vargas De Camps afirmó que la continuidad de actividades multitudinarias en el lugar, pese al deterioro del techo y advertencias previas, fundamenta la solicitud de aplicar los artículos 195 y 304 del Código Penal.
El hecho ocurrió la madrugada del 8 de abril del año pasado durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, cuando se produjo el desplome dentro del establecimiento.
Durante la continuación del juicio preliminar, otras partes afectadas se sumaron a la acusación presentada por el Ministerio Público, mientras se avanzaba en el proceso judicial.
En la misma jornada, los abogados Nolberto Rondón y Richard Pujols informaron al tribunal que seis querellas fueron retiradas por diferentes partes involucradas en el caso.
Entre los desistimientos figuran acciones legales relacionadas con varias víctimas, presentadas por familiares y personas que previamente habían iniciado procesos judiciales por los hechos ocurridos.