Diario al Día, Santo Domingo- Se analiza el fallecimiento de una estudiante en un parque capitalino y el proceso judicial contra un oficial, mientras familiares expresan inquietudes por medidas cautelares.
El caso de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, estudiante de bioanálisis de 25 años, es investigado como presunto feminicidio ocurrido el 25 de enero en el parque Mirador Sur.
De acuerdo con familiares, la joven recibió un disparo en la cabeza, y señalan como principal implicado a su pareja, Samuel Elías Céspedes Valdés, teniente coronel del Ejército.
El hecho se enmarca en un contexto de preocupación social por la violencia de género y posibles privilegios institucionales que podrían incidir en decisiones dentro del sistema judicial.
El 25 de enero pasado se reportó el fallecimiento en el parque Mirador Sur, iniciando investigaciones preliminares que, junto a declaraciones familiares, establecen una línea principal de indagación sobre lo ocurrido.
Los allegados describen el suceso como un acto violento que interrumpió la vida de una joven que se encontraba en la fase final de su formación profesional.
Licairis había completado su monográfico y solo debía realizar la pasantía para graduarse, además de haber participado días antes en una sesión fotográfica vinculada al cierre académico.
Familiares destacan estos elementos como evidencia del impacto personal y social, subrayando que se interrumpieron proyectos profesionales concretos que ya estaban próximos a concretarse.
Tras el hallazgo, una hermana indicó haber recibido la llamada de notificación, participar en el reconocimiento del cuerpo y formalizar la denuncia, permaneciendo detenida durante la noche.
En su testimonio expresó: “al ver mi hermana tirada ahí, a mí se me fue el alma junto con ella”, declaración incorporada al proceso.
El oficial cumple tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Las Parras, mientras se espera la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción.
En dicha audiencia, el tribunal evaluará mantener la prisión preventiva o sustituirla por arresto domiciliario, conforme a las disposiciones legales vigentes.
Los familiares manifiestan preocupación ante la posibilidad de una medida menos restrictiva y reiteran su solicitud de que “se haga justicia” y se aplique “todo el peso de la ley”.
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